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Perú es el segundo país de América Latina con mayor número de "desaparecidos absolutos" -unos 15.000- por violencia política detrás de Guatemala, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que destacó el papel de la Fiscalía en impulsar exhumaciones humanitarias de fosas clandestinas.
"La cifra absoluta de desaparecidos en Perú es de unos 15.000, según diversas fuentes. Es la cifra absoluta más importante en América Latina después de Guatemala, con 35.000", dijo a la AFP Cristophe Martin, jefe de la delegación del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú.
Cifra absoluta de desaparecidos, según el CICR, es la de aquellos desaparecidos reconocidos por el Estado más los reconocidos por organizaciones civiles (ONGs de derechos humanos).
"Es una cifra superior a la de Chile y Argentina", acotó Martin, quien señaló que uno de los ejes del trabajo del CICR en Perú es apoyar a las familias que buscan desde hace 20 años a sus parientes desaparecidos durante el conflicto interno peruano (1980-2000).
"Tomaría ocho siglos encontrar esos 15.000 desaparecidos al ritmo de la burocracia de estos casos, que se reproduce no sólo en Perú sino en diversos países", añadió a la AFP el delegado de la CICR.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), existirían más de 4.000 fosas clandestinas con víctimas del conflicto que enfrentó a las guerrillas maoísta de Sendero Luminoso y guevarista del MRTA con las fuerzas armadas y policiales.
La guerra interna peruana dejó unas 70.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según la CVR. Las Fuerzas Armadas rechazan esa cifra y contabilizan 30.000 muertos.
Martin destacó la decisión de la Fiscalía peruana de llevar a cabo "exhumaciones humanitarias", que permite desenterrar restos humanos sepultados en fosas comunes sin esperar un proceso judicial.
"Nuestra gran batalla en el mundo son las exhumaciones humanitarias como vía rápida para ayudar a los familiares a cerrar su duelo, en contraposición a las exhumaciones normales, cuyo proceso legal es lento y largo", añadió.
"Las exhumaciones humanitarias no implican dejar de lado el proceso legal, que sigue su curso", señaló el delegado del CICR.
"En este tema somos actor principal para mantener vivo el tema en la agenda política", dijo Martin.
El CICR trabaja en Perú desde hace 25 años, cuando abrió una oficina en 1984 en la época de los años de plomo del conflicto, para velar por las condiciones de detención de los presos miembros de los grupos armados.
Su trabajo consistió además en pregonar entre las Fuerzas Armadas el derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos en situaciones de conflicto.
El desamparo de los familiares es sobrellevado por el CICR que socorre a decenas de familiares que buscan justicia en su local en Ayacucho (sureste), epicentro de la guerra peruana.
Además, entre otras tareas, el CICR visita en la actualidad a 740 detenidos por terrorismo, entre quienes figuran el líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y su estado mayor.
Guzmán, de 72 años y quien sufre de una enfermedad a la piel (psoriasis), es visitado una vez cada dos meses por delegados de la CICR como parte de un acuerdo con las autoridades peruanas.
El jefe de SL está preso desde 1992 en una base militar donde cumple una condena a perpetuidad y bajo duras restricciones de visitas, como no mantener contacto con su pareja, también presa por terrorismo.
El número de 740 detenidos es bastante menor al que existía en la década de 1990, cuando los presos por terrorismo bordeaban los 4.000, evocó Martin a la AFP.
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